La industria extractiva es uno de los sectores más importantes en las políticas económicas colombianas. A pesar de ello, no son pocas las controversias generadas por el inminente o real desarrollo de estas actividades. Por un lado, suelen cuestionarse los posibles efectos negativos en el ambiente y en el ejercicio de derechos fundamentales y, por el otro, se cuestionan los beneficios económicos para las regiones. En este escenario la participación ciudadana jugó un papel decisorio, tal como lo demuestra la revisión de consultas populares realizadas durante los últimos 10 años, la cual arrojó que en el 100% de las consultas ocurridas durante 2013 y 2018 se obtuvo una respuesta negativa. Hasta el 2018 las altas cortes colombianas establecieron que: (i) las entidades territoriales eran competentes para determinar la viabilidad de la actividad extractiva en su territorio y, que (ii) el resultado de las consultas populares era vinculante. Como consecuencia de ello, dichas consultas impidieron el desarrollo de los proyectos propuestos. No obstante, un cambio de jurisprudencia ocurrido en 2018 modificó la competencia territorial y le restó obligatoriedad a las consultas.

Por ello para establecer si, frente a este cambio, existe otra acción que reemplace a la consulta popular en su papel de herramienta para la defensa de derechos ambientales y, por lo tanto, modifique la actual gobernanza del sector extractivo; fue necesario determinar los impactos del cambio en la jurisprudencia constitucional sobre la consulta popular y, estudiar la normatividad que reglamenta la participación ciudadana y las acciones constitucionales. Lo anterior permitió verificar que, las acciones populares son otra vía para la defensa de los derechos ambientales y, por ello, pueden modificar la actual gobernanza del sector extractivo en su relación: nación - territorio - empresa - y sociedad civil. Aunque la naturaleza de las acciones populares ha permitido su uso en la defensa de derechos ambientales colectivos, frente a la falta de obligatoriedad de las consultas, éstas cobran una renovada importancia para la defensa de derechos ambientales relacionados con actividades extractivas.